La pandemia de COVID-19 ha hecho que las autoridades sanitarias impongan nuevas medidas de seguridad para el regreso de los trabajadores a las oficinas. En países donde la campaña de vacunación ha sido extensa, la inoculación se ha vuelto una exigencia para la salud pública a pesar de la resistencia de algunos sectores, ya sea por desconfianza al gobierno o por culpa de la desinformación en redes sociales. ¿Qué se puede hacer si un empleado se resiste a vacunarse? ¿Procede el despido o un largo proceso judicial por discriminación, a pesar de que sea por las razones equivocadas?
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