La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha propuesto una actualización significativa a su directiva de fiscalización que busca establecer un mecanismo de coordinación con el Ministerio Público para casos de accidente laboral con desenlace fatal. La iniciativa, contenida en la versión 2 de la directiva publicada el 21 de agosto de 2025 mediante la Resolución de Superintendencia N° 103‑2025‑Sunafil, representa un cambio en el enfoque de la fiscalización laboral hacia una perspectiva más integral que contempla tanto sanciones administrativas como penales.
El proyecto establece que Sunafil deberá informar a la Fiscalía, en un plazo máximo de cinco días hábiles, sobre toda resolución administrativa firme que determine incumplimientos de normas de seguridad y salud en el trabajo en casos donde haya ocurrido un accidente laboral mortal atribuible al empleador. Esta comunicación se realizará cuando los incumplimientos identificados puedan constituir delito según el artículo 168‑A del Código Penal.
Marco legal y precedentes en materia de accidente laboral
El artículo 168‑A del Código Penal peruano tipifica como delito la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo que cause la muerte de un trabajador o lesiones graves a terceros, cuando el resultado era previsible. La sanción contempla una pena privativa de libertad de entre 4 y 8 años. Este marco normativo ya ha sido aplicado en la práctica judicial: en 2023, un gerente general fue condenado a cuatro años de prisión bajo este precepto tras el fallecimiento de un trabajador debido al incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad laboral.
Alcances del nuevo mecanismo de coordinación
Según el análisis del Estudio Jurídico Ribeiro & MDL Asociados, esta medida busca cerrar posibles brechas en la persecución de casos graves de accidente laboral que podrían quedar únicamente en el ámbito administrativo. Mientras Sunafil mantiene su competencia limitada a la imposición de multas y sanciones administrativas, la nueva directiva pretende asegurar que los casos con potencial responsabilidad penal sean oportunamente comunicados al Ministerio Público para su evaluación e investigación correspondiente.
El mecanismo propuesto se encuentra actualmente en periodo de consulta pública por 15 días calendario, tras lo cual Sunafil procederá a su oficialización definitiva. Esta iniciativa refleja una tendencia hacia el fortalecimiento de los sistemas de prevención y sanción en materia de seguridad laboral, buscando generar un efecto disuasivo más efectivo frente a prácticas empresariales que pongan en riesgo la vida de los trabajadores.
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