La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado sanciones administrativas tanto para el conductor como para la empresa de transporte involucrados en el accidente ocurrido en el distrito de El Agustino, donde un bus fue impactado por un tren al detenerse sobre un cruce ferroviario. Las investigaciones revelaron que, si bien la empresa contaba con la habilitación necesaria para operar y el conductor poseía licencia de conducir, este último no disponía de la habilitación específica requerida para prestar servicio público de transporte, configurándose así una falta grave en materia de seguridad laboral.
La ATU catalogó la infracción del conductor como «RE10», que conlleva una multa de S/ 2,675 y la retención de la licencia de conducir. Por su parte, la empresa fue sancionada con una infracción «RE9», que implica una multa equivalente y la suspensión temporal de la unidad vehicular involucrada.
Marco normativo y responsabilidades compartidas en seguridad laboral
Desde la óptica del derecho laboral y empresarial, el incidente en El Agustino ilustra aspectos fundamentales sobre las obligaciones en materia de seguridad laboral. Según explica el Estudio Jurídico Ribeiro & MDL Asociados, la empresa empleadora o concesionaria del servicio de transporte tiene la responsabilidad de verificar que sus conductores cuenten no solo con licencia de conducir vigente, sino también con la habilitación específica para el servicio público que van a prestar.
El Reglamento Nacional de Transporte establece claramente que prestar el servicio sin la autorización correspondiente genera responsabilidad solidaria del transportista o empresa. En el ámbito civil, tanto la empresa como el conductor pueden responder solidaria o subsidiariamente por los daños causados a terceros derivados de sus actividades. Además, cuando ocurre un accidente, la empresa puede enfrentar sanciones administrativas y ver comprometida su responsabilidad civil y laboral, considerando que el conductor actúa dentro del marco de una relación de trabajo o prestación de servicios.
Gestión preventiva: pilar fundamental de la seguridad laboral empresarial
El caso del accidente en El Agustino representa una señal de alerta para las empresas que operan servicios de transporte, ya sea público o privado. El incumplimiento de los requisitos de habilitación del personal no solo desencadena sanciones administrativas ante autoridades como la ATU, sino que también puede derivar en responsabilidades más amplias en los ámbitos civil, laboral y administrativo, afectando la reputación empresarial, la continuidad operativa y generando costos significativos.
Las empresas deben adoptar un enfoque proactivo en la supervisión de conductores y vehículos, manteniendo registros actualizados de habilitaciones, licencias y pólizas de seguros. Es fundamental verificar cada asignación de servicio, implementar programas de capacitación continua para el personal e instaurar auditorías internas que permitan detectar irregularidades antes de que se materialicen en accidentes. En caso de producirse un siniestro, contar con una gestión inmediata y adecuadamente documentada resulta determinante para mitigar los riesgos legales asociados.
Garantizar que los conductores estén debidamente habilitados y que el servicio se preste dentro del marco legal constituye más que una obligación regulatoria; representa un componente esencial de la gestión de riesgos laborales y empresariales, así como una demostración tangible de responsabilidad corporativa y compromiso con la seguridad pública.
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