La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo introdujo cambios significativos en el Código Penal, porque derogó el numeral 3 del artículo 168 y añadió el artículo 168-A, centrado en las condiciones de seguridad e higiene industrial. La intención es mejorar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para reducir la incidencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
El artículo en cuestión reza lo siguiente:
«Artículo 168-A.– Atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industrial: El que, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menos de dos años ni mayor de cinco años.
Si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves, para los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad será no menor de cinco años ni mayor de diez años”.
La nueva legislación, según explica el Estudio Jurídico Ribeiro & MDL Asociados, otorga al empleador la responsabilidad de establecer y gestionar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que sea tanto eficaz como óptimo. Es fundamental que se realice un análisis exhaustivo de la estructura organizativa de la empresa, el manual de organización y funciones, o cualquier documento similar, para determinar responsabilidades. Acerca de los documentos, estos son cruciales para deslindar responsabilidades a lo largo de la jerarquía organizativa y determinar quién es el individuo responsable de cualquier infracción al SG-SST. La evaluación puede, en ciertas circunstancias, eximir de responsabilidad a la gerencia general u otros niveles jerárquicos superiores.
En este contexto, resulta fundamental examinar detenidamente cada situación concreta para establecer el grado de responsabilidad de los encargados de asegurar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión implementado en la empresa. El cumplimiento estricto de las normativas de SST no solo es una obligación legal, sino también una medida esencial para proteger la vida y salud de los trabajadores.
Hay que recordar que la normativa establece la responsabilidad penal en casos de negligencia. Mediante una asignación clara de responsabilidades, una evaluación continua de la eficacia del sistema y una capacitación adecuada del personal, las empresas pueden minimizar los riesgos y evitar sanciones legales, asegurando así un entorno laboral seguro y saludable.
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