El Departamento del Trabajo en Estados Unidos insistirá con los programas de seguridad laboral en tres estados que aún no adoptan las medidas de emergencia contra la COVID-19. El organismo reaccionó así ante el próximo mandato federal de vacunación para la mayoría de los trabajadores de la salud y los empleados de las grandes empresas.
«Se trata, sin duda, de un esfuerzo para enviar un mensaje de que [la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA)] se va a tomar muy en serio cualquier desafío al próximo estándar”, señaló Jordan Barab, que fue subsecretario adjunto de trabajo de la OSHA durante el gobierno de Barack Obama.
A inicios de octubre, la OSHA propuso a la Casa Blanca una norma para exigir a las empresas con 100 o más empleados la vacunación o la realización de pruebas de detección periódicas. El problema es que Arizona, Carolina del Sur y Utah se han adaptado al estándar de emergencia, pero no están dispuestas a adaptarse a las nuevas reglas.
“La OSHA ha trabajado de buena fe para ayudar a estos tres planes estatales a cumplir las normas”, dijo Jim Frederick, director en funciones de la agencia. «Pero su continua negativa es un fracaso para mantener el compromiso de su plan estatal con miles de trabajadores en su estado».
Una de las razones para que los tres estados se resistan a actualizar el plan sanitario es la preferencia de los líderes estatales a la gestión local en vez de las políticas federales.
“La comunidad empresarial cree que tiene una oportunidad mucho mayor de influir en las decisiones de aplicación de la ley presionando a nivel estatal que si lo hicieran a nivel federal”, dijo Barab.
“En los casos en los que hemos amenazado con ese estatus, el estado se mostró desafiante hasta que la comunidad empresarial intervino y dijo: ‘De ninguna manera, no queremos que los federales apliquen la ley’”, agregó.
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