La Organización Internacional del Trabajo (OIT) abordó el papel de los interlocutores sociales en la construcción de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en un documento titulado «Fomentar el diálogo social para una cultura de seguridad y salud. Lecciones aprendidas de la COVID-19», a partir de la aplicación de marcos políticos y normativos, así como organizacional a nivel nacional.
La OIT señala que una política en materia de SST mediante el diálogo social debe partir de la consulta y el debate tripartitos (trabajadores, empleadores y Gobierno) para legitimar el proceso. Por su parte, la integración del diálogo social al formular la legislación en materia de SST favorece la sostenibilidad y el cumplimiento de la normativa, aunque ésta sea compleja; además, asume un papel importante en tiempos de crisis, cuando es necesario reaccionar rápidamente para encontrar soluciones a menudo difíciles.
«Debería incluir, como mínimo, el compromiso del Gobierno con la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales; los principios básicos que guían la medidas adoptadas a nivel nacional en materia de SST; los ámbitos de actuación en materia de SST, así como las funciones y las responsabilidades de las principales partes interesadas (por ejemplo, las autoridades públicas pertinentes, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones), reconociendo al mismo tiempo el carácter complementario de dichas responsabilidades», reza el texto.
Para asegurar la consulta y la colaboración a través de un órgano tripartito operativo, la OIT cita al Convenio núm.187 que exige el establecimiento, cuando proceda, de un órgano u órganos consultivos tripartitos de ámbito nacional para tratar las cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Estos deben estar compuestos por representantes del Gobierno (Ministerio de Trabajo y otros ministerios e instituciones pertinentes) y organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. Sus funciones, a grandes rasgos, varían desde un papel consultivo hasta un papel decisorio en la definición de políticas, prioridades y planes de acción nacionales, así como en la formulación de leyes y reglamentos.
Las actividades de los interlocutores sociales, por lo tanto, consisten en el suministro de información y la prestación de asistencia técnica, así como iniciativas de sensibilización sobre el cumplimiento de SST. «La participación de los interlocutores sociales especialmente decisiva para la recopilación de datos sobre SST, que son esenciales para formular políticas, leyes y reglamentos, estrategias y otras medidas en este ámbito», concluyó la OIT. Se aconseja la realización de encuestas y estudios, tanto generales como por sectores, para conocer la opinión de los empleadores y los trabajadores sobre los aspectos críticos de la organización y la aplicación de las medidas de prevención en las empresas.
Puedes leer aquí el documento completo.
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