El Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo revela que la informalidad extrema, el subregistro de accidentes y el desconocimiento de los seguros médicos ponen en riesgo la vida de millones de trabajadores peruanos de cara al año 2025 y 2026.
¿Es el trabajo un lugar seguro para los peruanos? La reciente presentación del Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Perú 2025, elaborado de manera conjunta por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), pone sobre la mesa una realidad preocupante. El trabajo no solo debe ser una fuente de ingresos, sino un entorno que proteja la integridad física y mental de quienes mueven el país.
Sin embargo, el camino diario y la rutina laboral esconden amenazas severas que afectan directamente la calidad de vida de la fuerza laboral. Entre los hallazgos más sorprendentes y cotidianos del perfil destaca la alarmante cifra de tiempo que los ciudadanos pierden en su movilidad diaria.
En la ciudad de Lima, por cada 10 años de vida, un trabajador pierde 3 años, 10 meses y 19 días de tiempo productivo atrapado en el transporte público o privado, afectando gravemente su bienestar y salud.
Demografía e informalidad
El panorama del mercado laboral peruano presenta una división crítica. Según las proyecciones expuestas por el Dr. John Astete Cornejo, subdirector de Medicina del Trabajo y Ambiental de Censopas, de una Población Económicamente Activa (PEA) proyectada en 18 millones de trabajadores, solo 6 millones pertenecen al sector formal, mientras que los 12 millones restantes subsisten en la informalidad. De este grupo formal, aproximadamente 3.5 millones son trabajadores independientes o pertenecen a pequeñas empresas.
Esta atomización del mercado dificulta la labor de inspección, tal como señala el Dr. Fernando García Benavides, director científico del Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo. El especialista explica que monitorear y visitar miles de microempresas es prácticamente inviable para los inspectores estatales. Esto se observa en otros países de la región: en Costa Rica, el 95% de empresas son pequeñas y albergan al 62% de los trabajadores, lo que satura la inspección; mientras que en Uruguay, aunque el 95% de empresas también son pequeñas, casi el 50% de la fuerza laboral se concentra en grandes firmas, facilitando la prevención.
A esta estructura informal se suma un desafío demográfico silencioso: la pirámide poblacional se está estrechando debido a un marcado descenso de la natalidad. Actualmente, la mayor parte de la población laboral formal e informal se concentra entre los 34 y 51 años de edad. Si no se protege la salud de estos trabajadores hoy, en los próximos 20 o 25 años el envejecimiento de la fuerza laboral generará una carga económica y de enfermedad insostenible para una población joven más reducida, advirtió el Dr. Astete. Este escenario exige políticas preventivas urgentes antes de que la pirámide poblacional se ensanche en la cúspide sin un soporte económico sólido.
Del estrés laboral al peligro bajo el sol
Los riesgos en el trabajo no siempre son evidentes. Para conocerlos a fondo, en los años 2017 y 2018 se realizó la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, la cual tuvo que plantearse como un estudio de investigación puerta a puerta debido a la falta de encuestas nacionales oficiales, a diferencia de países como Chile o Argentina. Los resultados de este estudio revelaron que tanto hombres como mujeres perciben el ruido como el principal factor de riesgo físico, seguido de cerca por la exposición a sustancias químicas y la radiación solar. Esta última es una amenaza crítica para sectores como la agricultura y la construcción civil, donde los altos niveles de radiación solar definen de manera preocupante la carga de enfermedades crónicas del país.
Los factores de riesgo psicosocial (aquellos que se refieren a cómo el trabajador responde mental y emocionalmente a las exigencias de su puesto, la organización y sus relaciones interpersonales) se han vuelto una prioridad nacional. Gracias a la validación en el país del instrumento europeo COPSOQ, iniciada en 2018 junto al Instituto de Salud en el Trabajo de España, hoy se cuenta con datos en tiempo real de cerca de 400,000 trabajadores evaluados en 13,000 empresas.
Los alarmantes resultados del Observatorio de Riesgos Psicosociales para 2026 muestran que la falta de posibilidades de desarrollo es el principal riesgo psicosocial en el país, revelando que la mayoría de los peruanos realiza tareas para las que no fue entrenado. La falta de influencia en el entorno laboral afecta marcadamente a las mujeres.
El SCTR y los accidentes laborales
Uno de los puntos más críticos de la salud ocupacional en el Perú es el funcionamiento del SCTR, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que es un beneficio obligatorio para cubrir accidentes y enfermedades en sectores de alta peligrosidad. Aunque en 2022 este seguro se amplió para cubrir 270 actividades económicas de alto riesgo, alcanzando a unos 2 millones de trabajadores registrados en la planilla del Ministerio de Trabajo, la realidad en el campo es desconcertante.
Por ejemplo, en el sector salud se ha logrado que el 90% del personal cuente con el SCTR; sin embargo, el 93% de los trabajadores de salud que tienen este seguro desconoce cómo funciona o para qué sirve, provocando que sufran accidentes de trabajo graves que son atendidos como accidentes comunes, perdiendo el derecho a pensiones de invalidez o de sobrevivencia para sus familias.
A este preocupante desconocimiento se añade un severo subregistro de accidentes laborales. Según informaron los especialistas de Censopas, muchas empresas en Lima reportan accidentes graves, como la pérdida de falanges de la mano o de tejido, únicamente como «incidentes». Esto se debe a una distorsión normativa: si la empresa no otorga descanso médico formal al trabajador tras recibir primeros auxilios, el hecho no se notifica como accidente, ocultando la verdadera siniestralidad laboral.
El 93% de los trabajadores que acceden a una pensión por enfermedad ocupacional no cuentan con una firma de diagnóstico de un especialista en medicina ocupacional, debido a que el Ministerio de Salud no ha implementado consultorios de esta especialidad en hospitales de nivel 3 en el país, con la única excepción de un establecimiento público en la región Moquegua. Esta desatención se agrava porque el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo llevan casi 15 años sin reglamentar el artículo 36 de la Ley 29783, el cual debió normar los servicios de seguridad y salud en el trabajo en un plazo de 120 días desde su promulgación en 2011.
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