Un reporte de Teseo Data Lab, elaborado con CTNNSPH y difundido en agosto de 2026, cuantifica por primera vez de forma integral el costo de comercializar equipos de protección personal (EPP) que no cumplen con su función técnica en México. El mercado, estimado en 1,402 millones de dólares para 2026, pierde 227.8 millones de dólares al año, es decir, el 16.2 % del total.
La cifra se divide en dos. La industria nacional pierde 106.3 millones en ingresos, producción y participación de mercado. Los costos sociales por mayor siniestralidad, que incluyen atención médica, incapacidades y productividad perdida, suman 121.5 millones. Para los autores, ese es el hallazgo determinante: el EPP deficiente aumenta la probabilidad y la severidad de accidentes que absorben empresas, trabajadores, el IMSS y otros organismos públicos de México.
La protección respiratoria concentra el mayor daño directo, con 43.8 millones de dólares, el 41.2 % del impacto directo. Le siguen manos y brazos (25.3 millones) y pies y piernas (13.8 millones). La industria formal también retrocede: su participación bajó de 67.3 % a 52.1 % entre 2020 y 2026. Hay 342 fabricantes nacionales frente a 2,847 importadores, y el estudio calcula 6,540 empleos de efecto total que hoy no se generan, 3,847 de ellos directos.
El análisis desmonta dos supuestos frecuentes. El ajuste arancelario de 2025 redujo volumen, pero un arancel no comprueba calidad ni desempeño técnico; el reporte observa respuestas como degradación de materiales, reclasificación, triangulación o subvaluación. Además, la brecha no es normativa: México ya cuenta con normas oficiales, organismos de certificación y laboratorios. Lo que falta es vigilancia posterior a la venta, sistemática y basada en riesgo, como la que operan Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. El documento añade que la ventaja de precio de China proviene sobre todo de economías de escala, incentivos fiscales y financiamiento preferencial, más que de salarios bajos.
Para quienes compran o prescriben EPP en las empresas, el mensaje es que un certificado no garantiza, por sí solo, el desempeño del producto que llega al puesto de trabajo. La propuesta tiene cuatro ejes: un programa de muestreo y ensayo de 1,200 productos por año, un padrón de importadores que vincule los fallos con suspensiones, una plataforma de trazabilidad llamada EPP-MX y estímulos fiscales para fabricantes que certifican e invierten. El costo integral sería de 6.9 millones de dólares anuales, frente a beneficios de 215.2 millones, un retorno estimado de 31.2 veces.
Con la intervención, el impacto bajaría a 30.9 millones en 2030. El plan arrancaría con seis meses de preparación y escalaría a cinco laboratorios en 24 meses. El objetivo, según el reporte, es «trasladar la competencia desde el precio aparente hacia el cumplimiento verificable«, sin cerrar el mercado.
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