Entre octubre y noviembre próximos, Perú podría enfrentar uno de los episodios más intensos del Fenómeno El Niño de los últimos años. El Estado ya declaró emergencia en casi 900 distritos y los sectores pesca, agro y textil empiezan a sentir el golpe. La pregunta ya no es si el fenómeno llegará, sino si el país —y sus empresas— están preparados esta vez.
El Fenómeno El Niño (FEN) es un patrón climático que altera las temperaturas del mar y la atmósfera, y que en el Perú suele traducirse en lluvias intensas, inundaciones y huaicos en la costa norte y central. Esta vez, las señales de alerta se acumulan desde mediados de 2026.
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos elevó de 63 % a 81 % la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y noviembre de este año.
Las entidades técnicas nacionales confirman el escenario. El Comunicado Oficial ENFEN N.° 16-2026 anticipa que, para el verano de 2027, continuarán las precipitaciones superiores a los promedios históricos en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental. Por su parte, el Informe Técnico N.° 10-2026 del SENAMHI proyecta, para el trimestre setiembre-noviembre de 2026, temperaturas por encima de lo habitual y lluvias entre normales y superiores a lo normal.
Frente a este panorama, el Gobierno emitió el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, que declaró el estado de emergencia por 60 días en 893 distritos de 22 departamentos y la provincia del Callao. Las regiones con mayor exposición —según el propio SENAMHI— son Tumbes, Piura y Lambayeque en la costa norte, además de Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, entre otras zonas de costa y sierra occidental. Un análisis del Banco Central de Reserva advierte además que los daños que deje el fenómeno podrían tardar hasta cuatro años en recuperarse.
Las heridas de 2017 y los sectores que hoy tiemblan
Para entender la magnitud del riesgo basta mirar atrás. El FEN de 2017 afectó a 23 regiones del país, y las más golpeadas fueron Piura, Lambayeque y La Libertad. El fenómeno dejó 879 distritos declarados en emergencia en 109 provincias y 14 regiones.
El saldo humano y material fue devastador: 159 personas fallecidas, 18 desaparecidas, 467 heridas y 1’432,867 afectados, de los cuales 283,152 quedaron damnificados; además colapsaron 29,821 viviendas y quedaron inhabitables 25,361, se perdieron 41,886 hectáreas de cultivos, se destruyeron 433 puentes y 45,525 kilómetros de carreteras resultaron afectados. Hasta julio de ese año, 12,000 personas seguían viviendo en albergues, principalmente en Piura.
Hoy, casi diez años después, los sectores productivos vuelven a mostrar señales de alarma. En pesca, se registró una contracción del 70 % en la producción pesquera nacional durante 2026, lo que pone en riesgo 78,000 empleos y 830 empresas, según el boletín de producción del INEI y datos del SENAMHI. En el agro, la actividad disminuyó 0.61 % en mayo de 2026 frente al mismo mes de 2025, con riesgo directo para los cultivos de arándano y palto en Lambayeque y La Libertad. El sector textil no escapa: El Niño podría afectar al 29 % de las empresas del rubro con impacto alto o muy alto, un 69 % reportaría menor disponibilidad de fibras como algodón, lana y alpaca, y un 38 % acumulación de inventario.
Los impactos negativos documentados van más allá de lo económico: pérdida de terrenos agrícolas, colmatación de reservorios, salinización de suelos, acortamiento del ciclo vegetativo de algunos cultivos y aumento de enfermedades como el cólera, la malaria, infecciones estomacales y conjuntivitis. También se ha registrado desplazamiento y mayor profundización de los cardúmenes de anchoveta, un fenómeno que no logra compensarse con la llegada de nuevas especies.
Ante la experiencia de 2017, el Estado activó un esquema de respuesta que hoy sirve de referencia: el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) actúa a nivel local y regional, y si la emergencia lo sobrepasa, interviene el MINDEF junto a otros ministerios en apoyo a los gobiernos regionales. El INDECI facilita la toma de decisiones, las Fuerzas Armadas se ponen al servicio de los departamentos afectados, y el COEN coordina la instalación de albergues, puentes aéreos y la habilitación presupuestal a través del MEF.
La prevención como escudo: lo que deben hacer trabajadores y empleadores
La respuesta estatal no exime de responsabilidad a las empresas. Todo empleador tiene el deber de prevención: debe garantizar, en el centro de trabajo, los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, e implementar las medidas mínimas que exige la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y la normativa sectorial.
Los riesgos varían según el rubro. En el sector agrícola destacan el estrés térmico y las quemaduras por radiación UV, las caídas en superficies resbaladizas, y enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, el zika y el chikunguya, además de infecciones por agua contaminada. En pesca, los trabajadores enfrentan golpes de calor, cortes y atrapamientos por el oleaje, y fatiga por jornadas extendidas. En el sector textil, los riesgos incluyen el contacto con instalaciones eléctricas por filtraciones de agua, el estrés térmico dentro de las plantas y el desplazamiento por zonas inundadas.
Por ello, la SUNAFIL recomienda que las empresas actualicen dos documentos clave de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo (RISST), conforme al artículo 78 de la Ley N.° 29783, y el Plan de Emergencia, que debe difundirse considerando los eventos climáticos que impactan la gestión de riesgos.
Entre las principales recomendaciones estratégicas figuran adoptar medidas de primeros auxilios y evacuación con brigadas conformadas; capacitar a los trabajadores sobre cómo actuar ante desastres, con no menos de cuatro capacitaciones anuales; incluir en esas capacitaciones los peligros específicos del FEN; mantener el orden y la limpieza del centro laboral; prevenir riesgos graves como derrumbes, electrocución y deslizamientos; actualizar el plan de respuesta ante emergencias incorporando lluvias intensas, inundaciones y huaicos; realizar evaluaciones periódicas de riesgos, como retirar objetos que puedan caer de techos o acondicionar ductos de desagüe; dotar de equipos de protección personal adecuados; señalizar rutas de evacuación; reforzar taludes en excavaciones; proteger instalaciones eléctricas durante las lluvias; controlar la acumulación de agua en pisos y zonas de tránsito; y capacitar a quienes trabajan cerca de ríos o quebradas para que eviten actividades cuando exista riesgo de huaico.
El Niño de 2017 dejó una factura que el país aún no termina de pagar. La diferencia esta vez es que las señales llegaron con meses de anticipación: la ciencia ya avisó, el Estado ya declaró la emergencia y las herramientas de prevención ya están disponibles. Lo que ocurra en los próximos meses dependerá, en gran medida, de si esa información se traduce en acción concreta dentro de cada centro de trabajo.
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